Venta de un inmueble con propietario incapacitado

Si no se ha realizado un poder notarial y la persona ya no está en pleno uso de sus facultades, será necesario realizar un proceso judicial de incapacidad. Este procedimiento requiere que se presenten pruebas e informes médicos ante un juez, quien será el encargado de declarar la incapacidad de la persona y designar a un tutor legal.

Una vez que la persona esté incapacitada, será necesaria una autorización judicial para poder vender el inmueble.

Pasos para vender la vivienda de una persona incapacitada mediante autorización judicial:

1. Declaración judicial de incapacidad: El proceso comienza con la presentación de una demanda de incapacidad. Es necesario presentar informes médicos y pruebas que demuestren que la persona ya no puede tomar decisiones jurídicas sobre su vida y patrimonio.
   
   

2. Nombramiento de un tutor legal: Una vez que el juez declare la incapacidad, nombrará un tutor legal que gestionará los bienes del incapacitado.
   
   

3. Autorización judicial para la venta: El tutor deberá solicitar al juez la autorización para vender la vivienda. Para ello, debe presentar un informe pericial con la tasación del valor real de mercado del inmueble. Es fundamental que la tasación esté ajustada al valor de mercado, ya que el juez no permitirá la venta si el precio es inferior al valor real.
   
   

4. Justificación del destino de los fondos: El tutor legal deberá explicar al juez por qué se realiza la venta y cómo se destinarán los fondos obtenidos. Tanto el juez como el fiscal revisarán la operación para asegurarse de que la venta beneficiará a la persona incapacitada. Si no se identifica un beneficio claro, el juez podría denegar la operación. En nuestra experiencia, la mayoría de las ventas que gestionamos se realizan con el fin de cubrir los gastos que asumen los familiares de las personas incapacitadas, como los de las residencias.
   

5. Inscripción en el Registro de la Propiedad: Cuando el comprador intente inscribir la propiedad en el Registro de la Propiedad, el registrador podría pedir la firmeza de auto de la autorización judicial. Si no se ha obtenido esta firmeza, el tutor debe acudir al juzgado para solicitarla. De no hacerlo, podría incurrir en una ilegalidad, con consecuencias penales.